Cuando se firmó el acuerdo con Brasil por la tarifa de Itaipú en mayo de 2024, los máximos exponentes del Gobierno, empezando por Santiago Peña, lo destacaron como una conquista extraordinaria. La entonces jefa del Gabinete Civil de la Presidencia, Lea Giménez, llegó a decir que fue el mayor logro paraguayo en la historia de la binacional. Pero ahora resulta que el principal vocero de la negociación, consejero de la entidad y ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, dice que si volviera la tarifa al costo básico (como debe ser) el país saldría muy beneficiado porque la ANDE tendría que destinar menos recursos para la contratación de potencia, lo que podría trasladarse a la factura de la luz. ¿En qué quedamos? Textualmente señaló: “Si lo analizamos desde el escenario de tarifa al costo, el dinero que hoy aparece en las cuentas de gastos sociales va a ser un dinero que va a aparecer en las cuentas de ANDE, porque la ANDE va a comprar a menor costo”. De ahí su conclusión de que al adquirir la energía en forma más barata, la compañía podrá bajar la tarifa o mantener la de hoy, con la posibilidad de destinar la diferencia a inversiones.
Para ponerlo en contexto, Itaipú Binacional es formalmente una entidad sin fines de lucro, lo que significa que su tarifa –que es la que le cobra tanto a la ANDE como a la compañía eléctrica estatal brasileña por el retiro de energía– debe ser estrictamente la necesaria para cubrir sus costos, ni un dólar más, ni un dólar menos. Históricamente, el mayor componente de ese costo fue el servicio de la deuda incurrida por la construcción de la central, por lo que, al quedar dicha deuda totalmente cancelada en febrero de 2023, los costos de Itaipú se redujeron drásticamente y, consecuentemente,...
Sin embargo, el Gobierno de Santiago Peña insistió en mantener una tarifa más alta que la que correspondía para generar una diferencia en forma de “fondos socioambientales”, a ser dividida en partes iguales entre los dos países. Luego de varias idas y venidas, Brasil terminó aceptando una tarifa intermedia de 19,28 dólares el kilovatio/mes hasta 2027, tras lo cual se tiene que volver al precio de costo básico, tal como lo establece el Tratado.
De esta manera, tanto la ANDE como ENBpar (sucesora de Eletrobras) deben pagar más de lo que deberían por contratación de potencia de Itaipú, con el fin de financiar el reparto de considerables “fondos socioambientales” a ambas márgenes, lo que en la práctica, en el caso de nuestro país, se traduce en “plata dulce”, para que nuestro Gobierno pueda gastar discrecionalmente y sin rendir cuentas por las vías institucionales.
No está claro cuánto dinero ya ha recibido por este concepto la administración de Santiago Peña y cuánto le queda por recibir. Se manejaron varias cifras. Se dijo que la operación le reportaría 650 millones de dólares al año, pero ello fue rebatido por fuentes técnicas y nunca fue confirmado ni demostrado a ciencia cierta, ya que los fondos no ingresan al Presupuesto General de la Nación y la ejecución no se somete a la Dirección General de Contrataciones Públicas ni a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Previsiblemente, el uso ha estado viciado por falta de...
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