El expresidente Lula da Silva, el más popular político brasileño de los últimos tiempos, ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel por uno de los cinco cargos de corrupción que se le imputan. Fue hallado culpable de recibir un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá ofrecido por la constructora OAS a cambio de influencia para obtener contratos con Petrobras. La Justicia brasileña, tradicionalmente muy pasiva –como la nuestra–, ha despertado de su letargo asumiendo el rol que le corresponde en un Estado democrático como lo es Brasil. Las investigaciones del escándalo de Petrobras han sido conducidas por Sergio Moro, un joven juez federal, quien encabeza una fuerza de tarea de la Policía Federal y fiscales del políticamente independiente Ministerio Público. En nuestro país, plagado también de corrupción, todavía no surgieron ni jueces ni fiscales con coraje para investigar a nuestros expresidentes y sus gavillas. Pero no debemos perder la esperanza de ver que surjan también Moros en nuestra hoy sometida Justicia, para enviar a la cárcel a los mandatarios, funcionarios y políticos ladrones que esquilmaron y esquilman las arcas públicas.
El expresidente Luis Inácio Lula da Silva, el más popular político brasileño de los últimos tiempos, quien en su momento fue ensalzado como el artífice del milagro socioeconómico que le valió a Brasil ponderación universal, ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel por uno de los cinco cargos de corrupción que se le imputan. Fue hallado culpable de recibir un apartamento tríplex en el balneario de Guarujá (São Paulo) ofrecido por la constructora OAS a cambio de influencia para obtener contratos con Petrobras.
Lula fue presidente de Brasil por dos períodos consecutivos, de 2003 a 2010, y bajo su gobierno se montó la mayor trama de corrupción en la historia del Brasil, con varios esquemas que suman miles de millones de dólares, con epicentro en la petrolera estatal Petrobras, cuyo detonante fue la operación “Lava Jato”, que produjo el deslizamiento de la placa tectónica que dejó al descubierto el vasto esquema corrupto que involucró a políticos encumbrados, altos funcionarios del Gobierno, poderosos empresarios como Marcelo Odebrecht y Othon Luiz Pinheiro da Silva, un prominente almirante retirado...
Desde que afloró el escándalo y en la medida en que se fue desenredando la madeja de corrupción, la mayoría de los brasileños tuvo la convicción de que Lula fue un cómplice en el esquema delictivo calificado por los fiscales como una “conspiración criminal” de la que el expresidente fue el “comandante máximo”, y que apuntaba al sostenimiento en el poder del Partido de los Trabajadores (PT), del que el mismo fue cofundador.
La Justicia brasileña, tradicionalmente muy pasiva –como la nuestra–, ha despertado de su letargo asumiendo el rol que le corresponde en un Estado democrático como lo es Brasil desde 1988, con la Constitución establecida tras el fin de la dictadura militar. Las investigaciones del escándalo de Petrobras han sido conducidas por Sergio Moro, un joven juez federal, quien encabeza una fuerza de tarea de la Policía Federal y fiscales del políticamente independiente Ministerio Público. Este equipo multidisciplinario ha investigado y comprobado múltiples casos de corrupción de alto nivel,...
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