La Cámara de Diputados avanzó con dos pedidos de informes que apuntan a áreas sensibles de la gestión pública, en medio de cuestionamientos por falta de datos claros y controles efectivos. Las resoluciones, impulsadas por el diputado Carlos Godoy, obligan al Ejecutivo a responder en un plazo de quince días sobre el manejo del cannabis medicinal y la política de control de quemas en el país.
Uno de los requerimientos está dirigido a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) y busca esclarecer cómo se está aplicando la ley que regula el uso medicinal del cannabis. Los legisladores pretenden conocer qué laboratorios cuentan con autorización para producir e industrializar derivados de la planta, tanto a nivel nacional como internacional, y cuáles están operando efectivamente.
Además, se exige información concreta sobre la producción total, la distribución de estos productos y qué empresas han abastecido a los pacientes registrados en el sistema. El foco también está puesto en el acceso gratuito contemplado por la normativa, ya que se solicita detallar cuántos medicamentos fueron entregados sin costo y cómo se garantiza ese beneficio en la práctica.
Otro punto clave es la exigencia de explicar los mecanismos vigentes para asegurar el acceso de los beneficiarios, así como las dificultades que podrían estar impidiendo el cumplimiento pleno de la ley. La intención es determinar si el programa funciona como establece la normativa o si existen fallas estructurales que limitan su alcance.
El segundo pedido apunta al Instituto Forestal Nacional (INFONA) y se centra en el manejo del fuego, una problemática recurrente que genera preocupación tanto por su impacto ambiental como por su posible vínculo con actividades ilegales.
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