Según coinciden los expertos con los que hemos podido conversar en Washington D.C., la administración de Donald Trump ya ha iniciado un giro en la política de combate al crimen transnacional y el terrorismo. Derivaciones de ello serían la aplicación de más “designaciones” del Departamento del Tesoro a personas y empresas y la revocatoria de visas para ingresar a Estados Unidos.
Tal como reportábamos ayer, la primera señal concreta en ese sentido la dio Trump el 9 de febrero, a poco más de un mes de asumir su cargo, al firmar la “Orden Ejecutiva Presidencial sobre Aplicación de la Ley Federal Respecto de las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Prevención del Tráfico Internacional”.
Ordena fortalecer la tarea de las agencias de “law enforcement” para desmantelar las organizaciones criminales que socaven la seguridad de Estados Unidos, “dentro y fuera” de los límites del país.
Da un plazo de 120 días, que se vence en junio, para recibir un informe pormenorizado de organizaciones y personas involucradas en actividades ilícitas transnacionales que afecten a Estados Unidos.
En este contexto, supimos que, entre otros, se le está preparando un dossier del tráfico ilegal de cigarrillos, considerado una nueva fuente del financiamiento al terrorismo. Se calcula que Paraguay provee el 10% de la producción del mercado negro mundial de tabaco. Y la mayor productora del país es Tabacalera del Este S.A., del grupo empresarial de Horacio Cartes.
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