Un informe del Departamento de Estado advierte sobre el uso de la Comisión Bicameral de Investigación como herramienta de intimidación política y señala graves falencias en la protección de los trabajadores. El informe también advierte sobre el uso de leyes contra la difamación, calumnia e injuria para limitar el debate público o tomar represalias contra la prensa, así como amenazas provenientes de grupos criminales, especialmente en zonas fronterizas con Brasil. Derechos laborales bajo presión En materia laboral, el Departamento de Estado señala que, si bien la legislación paraguaya reconoce el derecho a sindicalizarse, negociar colectivamente y realizar huelgas, existen restricciones que limitan su ejercicio.
Un informe del Departamento de Estado advierte sobre el uso de la Comisión Bicameral de Investigación como herramienta de intimidación política y señala graves falencias en la protección de los trabajadores.
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe en el que critica duramente a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, contrabando y otros delitos conexos del Congreso paraguayo, señalando que fue utilizada como un mecanismo para intimidar a opositores y críticos del gobierno.
De acuerdo con el reporte correspondiente a un análisis del 2024, la CBI, integrada por miembros del partido oficialista, recurrió a falsas acusaciones y amenazas de sanciones legislativas contra organizaciones de la sociedad civil y periodistas. En septiembre, exigió datos detallados a entidades que desarrollaban proyectos con financiamiento internacional, en un contexto de campañas mediáticas impulsadas por medios afines al oficialismo que acusaban a ONG de supuestas irregularidades.
Poco después, algunos documentos fueron filtrados en redes sociales y presentados —de forma falsa— como pruebas de corrupción que involucraban a comunicadores y activistas. El Congreso, además, promulgó una ley que refuerza el control estatal sobre la sociedad civil, mientras ciertos actores políticos amenazaban con procesar a periodistas que investigaban abusos de poder y corrupción.
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