El presidente de la circunscripción judicial de Alto Paraná, el camarista Isidro González, y el titular de la Asociación de Jueces del Paraguay, Delio Vera Navarro, pretenden desconocer el delito de prevaricato, por el cual se castiga con pena de cárcel a los magistrados que aplican en forma distorsionada la ley para favorecer a una de las partes. Los titulares de los dos gremios tienen varios cuestionamientos. En el caso de González, incluso el Consejo de la Magistratura observó que lo tuvo que incluir en la terna obligado por la ley, pese a denuncias en su contra.
González, quien se desempeña como camarista de Alto Paraná, es muy criticado por sus actuaciones en diferentes procesos. Incluso, fue auditado por la Corte Suprema ante los sugestivos fallos dictados en la Cámara junto a sus otros colegas de segunda instancia.
González y su colega Lorenzo Derlis Rodríguez habían favorecido con la reclusión domiciliaria a Felipe Ramón Duarte, imputado por la fiscalía como el cerebro de lavado de 600 millones de dólares al exterior, entre los años 2010 y 2011, a través de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental. La magistrada Miryam Meza había votado en disidencia.
“El derecho a la libertad por la subordinación de la pena mínima a los seis meses ha llegado a su término y se debe disponer la medida menos grave, arresto domiciliario”, refiere el fallo.
La Oficina de Auditoría de Gestión Judicial, a cargo de su director Mario Elizeche, recomendó a la Corte que disponga la instrucción de un sumario a los camaristas González y Rodríguez, por favorecer con el arresto domiciliario a Felipe Ramón Duarte, imputado por lavado de dinero, ya que se puso en “riesgo” el proceso.
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