Transcurrieron dos años y once meses del cumplimiento del plazo de 40 años que establece el numeral IX del Anexo C (bases financieras y prestación de los servicios de electricidad) del Tratado de Yacyretá para la revisión de sus disposiciones y, lamentablemente, cualquier intento de balance de las gestiones del actual Gobierno paraguayo con ese propósito solo confirma las expectativas menos optimistas del sector Energía de nuestro país.
Es más, la inquietante prolongación de las tratativas en el tiempo, para colmo de males sin resultado alguno, también confirma que el artículo de referencia contiene una dilatada y profunda laguna, hecho que también afecta al numeral VI del Anexo C del Tratado de Itaipú, que impuso al país un plazo de 50 años para que pueda replantear ese relevante documento.
En otras palabras, la esperada renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, que debe arrancar el 13 de agosto de 2023, tal como ocurre en Yacyretá, puede extenderse en forma indefinida porque sus negociadores se olvidaron de establecer, al menos tentativamente, un plazo de duración de las negociaciones.
La revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, de acuerdo con el numeral IX, tropieza con un par de condiciones, entre ellas, hoy la más meneada es la deuda que imputan a la entidad binacional.
La segunda, subestimada e inclusive descartada por los negociadores, es “la relación entre las potencias contratadas por la entidad de ambos países”, que en el caso de Yacyretá es 94 vs. 6%, o sea, contratación argentina, 94% y paraguaya, 6%.
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