La Cámara de Diputados podría esta semana asestar un golpe doble en contra de la ciudadanía, al mandar “al muere” seis pedidos de intervención contra intendentes, a la par de, una vez más, tener en sus manos la posible sentencia de muerte de las leyes de transparencia y acceso a información pública (AIP). El proceso de impunidad en intervenciones se gestó durante más de un año.
Esta semana podrían tener desenlace en Cámara de Diputados dos procesos silenciosos llevados adelante por el cartismo durante largo tiempo; por una parte, la impunidad definitiva para seis intendentes con pedido de intervención (3 de ellos cartistas), y por otra, la aniquilación de leyes de acceso a información pública y transparencia mediante la “Ley de protección de datos personales”.
El proceso de impunidad para los 6 intendentes, entre ellos Tomás Ysidro Rivas, el jefe comunal de Tomás Romero Pereira y padre del senador cartista Hernán David Rivas se viene gestando hace al menos un año, dilatando el tratamiento hasta llegar a esta instancia, donde tiene la “excusa perfecta” para rechazar alegando que ya existe poco tiempo de mandato en caso de echar a los intendentes y elegir sustitutos.
Intendentes con pedidos de intervención pendientes en Diputados. Parte de esa estrategia fue crear un “paquete” de posibles salvados, con tres colorados oficialistas Hernán Rivas (ANR, HC), en Tomás Romero Pereira, Tomás Olmedo (ANR, HC), de Ñemby y César Machuca (ANR, HC) de Ybyrarobaná; junto con tres opositores, Silvio Peña (PLRA), de Emboscada, Vidal Argüello, de Yby Yaú (Alianza) y Juan Manuel Ávalos (Alianza) de Lima.
Todos estos casos fueron cajoneados más de un año, y ahora varios referentes del cartismo ya alegan que no hay tiempo suficiente para culminar con el proceso, puesto que, en el caso de ser echados los intendentes, la ley obliga a convocar a elecciones para sustituirlos.
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