Ocurre que la FCQ, en vez de anular el contrato inicial con la empresa adjudicada Construcciones Rivas SA, retrotrajo el proceso –como requirió la DNCP– y envió una adenda a dicho documento tras volver a adjudicar a dicha firma la “construcción del Bloque F” en la institución.
María Eugenia Otazo, directora jurídica de la DNCP, explicó que en la sustanciación de la protesta “por prudencia administrativa” esa dirección –mediante resolución Nº 926/19– recomendó a la entidad convocante la suspensión del procedimiento.
“Ante la negativa (de Química UNA) y habiéndose detectado posibles irregularidades que serán abordadas en el proceso de impugnación, en trámite, se ha resuelto la suspensión del proceso”, explicó.
La abogada confirmó, a su vez, que la adenda introducida por la unidad académica al contrato –que quedó nulo tras hacerse lugar a la impug-nación del Consorcio Aravera– es el principal indicio del hecho irregular. “Como consecuencia de la primera protesta y en relación directa a la cláusula en que se firmó el contrato queda anulado (…) Así como están los antecedentes del llamado, la adenda es un indicio de irregularidad, por eso se emitió esa resolución de suspensión en el medio del proceso”, apuntó.
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