El expediente judicial que se tramitó ante la jueza de la Capital Marisa Vargas para el cobro de G. 10.781 millones por parte del IPS al Consorcio Hotelero Sudamericano SA (Jorge López Moreira) desmiente al director jurídico de la previsional, José González, sobre la cantidad real de abogados que intervinieron en representación de la institución. Mientras el alto funcionario afirmó haber repartido con otros tres colegas los G. 412.500.000 de honorarios, los documentos confirman que en realidad seis abogados tuvieron intervención en el proceso. Pese al trabajo grupal, González declaró y facturó el monto total como ingreso exclusivo suyo ante Contraloría y la DNIT.
“Hubieron (sic) otros abogados también que participaron (…) eran tres abogados más. Yo les dí su parte a ellos”, declaró el martes último el director jurídico del IPS, José Antonio González Maldonado, a la 1080 AM. Fue ante la consulta sobre la participación de otros profesionales en el juicio contra el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira, y la distribución de los G. 412.500.000 (IVA incluido) cobrados como honorarios.
El alto funcionario detalló que los demás abogados eran Jorge Gustale, Marco Colmán y Rita Benítez, a quienes les pagó entre G. 25 millones y G. 50 millones. Es decir, para González Maldonado fueron nada más cuatro los intervinientes con los tres mencionados por él mismo.
Sin embargo, el expediente Nº 4/2024 que se guarda en el despacho de juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial del Decimosexto Turno, Secretaría Nº 32, de la Capital, a cargo de Marisa Raquel Vargas, revela que en realidad no fueron cuatro, sino al menos seis abogados en total quienes intervinieron en representación del Instituto de Previsión Social (IPS) en el juicio caratulado “IPS C/ Consorcio Hotelero Sudamericano SA s/ ejecución de resoluciones judiciales”. La demanda era para el cobro de G. 10.781 millones, correspondiente a aportes obrero-patronal hasta 2018 más los intereses.
Finalmente, la previsional le hizo a la empresa una quita de G. 3.281 millones y aceptó una propuesta de pago de G. 7.500 millones.
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