A días del inicio del receso parlamentario, la Cámara de Diputados vuelve a dilatar el tratamiento de varios pedidos de intervención municipal, una maniobra que, en la práctica, otorga más tiempo a intendentes bajo sospecha de graves irregularidades administrativas.
Son al menos siete los casos que siguen pendientes, la mayoría aún atrapados en la instancia previa de conformación de comisiones especiales que deben estudiar cada expediente.
Entre los casos más sensibles aparece el de Tomás Romero Pereira, administrado por Hernán Rivas, padre del senador oficialista Hernán David Rivas. La carpeta de este municipio arrastra postergaciones desde 2024 y, aunque se intentó reactivar su estudio este año, en setiembre volvió a ser archivada de facto por acuerdo político entre diputados de la ANR y el PLRA. Las denuncias apuntan a un presunto perjuicio de unos G. 2.000 millones en concepto de royalties, además de aproximadamente G. 7.000 millones de recursos genuinos, con obras licitadas que habrían sido ejecutadas con maquinarias del...
Ñemby es otro de los municipios que permanece en el limbo legislativo. Allí, la Junta Municipal ya aprobó el pedido de intervención en 2024 contra el intendente Tomás Olmedo. Las denuncias incluyen un faltante de al menos G. 700 millones y procesos penales abiertos por presunta lesión de confianza, estafa y producción de documentos no auténticos. Sin embargo, la Cámara aún no define siquiera la integración de la comisión que debe analizar el caso.
El escenario también es incierto para el intendente de Yby Yaú, Vidal Argüello. Aunque existe una solicitud formal de intervención por parte de la Junta, el jefe comunal contraatacó con una denuncia contra los concejales por supuesta adulteración de actas. La situación se vuelve aún más confusa porque, si bien la Contraloría no recomendó la intervención, Argüello igualmente fue denunciado penalmente por los ediles por presuntas irregularidades en su gestión.
Leer la nota completa en El Nacional
