Tras el salvataje a los diputados que tienen procesos judiciales como Portillo (PLRA), Quintana (ANR) y Rivas (ANR), ahora la Cámara Baja va por el “blindaje” al diputado oficialista Esteban Samaniego, sobre quien pesa un pedido de desafuero por difamación y calumnia, pendiente desde hace 13 días.
El juez penal de Sentencia Elio Rubén Ovelar solicitó el pasado 8 de octubre a la Cámara de Diputados el desafuero del legislador imputado Esteban Samaniego, por los supuestos hechos punibles de calumnia y difamación contra Sara Prieto Ozuna, víctima de maltrato verbal y amenaza por parte del legislador oficialista.
Desde que la Cámara Baja recibió el pedido del juzgado y dio entrada oficial al requerimiento de la justicia, la institución legislativa no dio trámite ya sea por iniciativa de la mesa directiva, presidida por el diputado Pedro Alliana (ANR, cartista), o por voluntad del propio diputado oficialista acusado.
La comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, a cargo de Derlis Maidana (ANR, cartista), tampoco dictamina el pedido de desafuero, dilatando aún más la posibilidad de que Samaniego se someta a uno de los procesos que pesan en su contra. El dictamen del órgano asesor, aunque es importante para que el pleno pueda desaforar a su colega, no es determinante, ya que el diputado Samaniego “por iniciativa” puede hacer uso del artículo 111 del reglamento interno de Diputados, sobre mociones de orden, tratar como una cuestión de privilegio y solicitar que le retiren los fueros.
Sin embargo, el gesto en gran medida dependerá de la voluntad que tenga el diputado para enfrentar el juicio que tiene con la supuesta víctima. Para que el pedido de desafuero sea aprobado se requerirá de una mayoría absoluta de dos tercios (53 votos de los 80).
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