Ahora se entiende por qué hubo tanto afán por esconder de la opinión pública la declaración jurada de bienes. Para ello se dieron las más imaginativas excusas: que los ladrones accederían a datos capaces de encender su codicia; que se trata de documentos privados; que se atropella la intimidad de los funcionarios; que a quién le importa lo que yo tengo; que son trámites meramente administrativos; que esto y lo otro. La cuestión era tener bien escondidos los bienes. ¡Los bienes! Nunca mejor dicho. Para adornar la férrea negativa aparecieron los diputados, en mayoría, con una ley que despenaliza el robo.
¿Por qué? Según las publicaciones de las declaraciones juradas, en la mayoría de los casos es insostenible justificar con el salario el origen de los bienes que se declaran. No pueden ser sino efectos de la corrupción.
Los diputados despenalizaron el “olvido” y el “error”. El Presidente vetó la ley. En apariencia, rige el castigo penal para los “olvidadizos”. Pero he aquí el problema; mejor, he aquí el absurdo. No hay quien imponga el castigo. Es más, ni siquiera quien investigue el posible delito. ¿El Ministerio Público? Su titular, Sandra Quiñónez, está muy ocupada en afianzar a Humberto Rosetti como fiscal adjunto de Alto Paraná. Dime quién te apoya y te diré quién eres.
¿Quién es Rosetti? Es otro de los que se “olvidaron” de “jurar” que tiene una residencia principesca en el exclusivo Paraná Country Club de Hernandarias. Leemos en AB Color del lunes que Rosetti presentó su declaración jurada en 2008. Cuatro años después su fortuna se triplicó “en solo 51 meses y con un ahorro mensual de dos millones de guaraníes”. O sea, “debería ahorrar 37 meses de salario de aquel entonces sin gastar un solo guaraní”. Es posible que hubiera ahorrado la totalidad de su salario. ¿De qué vivía? ¿Se entiende ahora por qué el Ministerio Público nunca actúa en estos casos? ¿Y...
La nueva modalidad del Gobierno para extender la corrupción es crear comisiones para investigar la corrupción.
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