Ante la inminencia de la adjudicación del aeropuerto a Sacyr, violando la recomendación de la Contraloría de cancelar esta licitación vía asociación público-privada (APP), especialistas coinciden en que las objeciones legales que tiene el ente auditor contra el proceso no pueden ser rebatidas a nivel técnico.
Las objeciones legales que tiene la Contraloría General contra la polémica licitación del aeropuerto, no pueden ser rebatidas con argumentos de instituciones técnicas, explicaron ayer especialistas en Derecho Administrativo. También dijeron que no hay documento que pueda suplantar el rol constitucional de la Contraloría, en referencia al que busca el Ministerio de Obras Públicas para justificar la entrega del aeropuerto.
El consorcio al que quieren adjudicar está liderado por Sacyr, el mismo al que ya le dieron la duplicación de las rutas 2 y 7, también en el marco de un contrato de Alianza Público-Privada (APP). La participación de Sacyr en la licitación y su inminente adjudicación violan la ley de APP y el mismo pliego de bases, por sus múltiples antecedentes judiciales y de reclamos.
En tal sentido, el MOPC y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) enviaron notas a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) solicitando un “parecer” e incluso tienen previsto enviar a una comitiva hasta la sede de OACI, en Toronto (Canadá).
Fuentes del comité evaluador indicaron que al mediodía de ayer se reunieron con el procurador Roberto Moreno para idear una estrategia que justifique la adjudicación a Sacyr, pese al dictamen de la Contraloría.
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