El debate suscitado a raíz de los hechos desdorosos en los que se vio envuelto el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, gira en torno a si hay que someterle a juicio político o no. Con este procedimiento, ya se sabe, solamente puede determinarse si se lo destituye o no. La pregunta que precede a esta cuestión guarda relación con un asunto jurídico: ¿Cuál es la situación institucional del fiscal general? Su mandato venció oficialmente en noviembre de 2016 porque el Art. 269 de la Constitución dispone que “el Fiscal General del Estado (...) Durará cinco años en sus funciones”. Díaz Verón tiene más de un año de función caduca, debió haberse retirado el día en que se cumplió el término marcado por la Constitución e ido a su casa, dejando en su reemplazo, interinamente, al fiscal adjunto en lo penal, como establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, el presidente Horacio Cartes lo quiso mantener en el cargo de cualquier manera, por lo que sacó de la galera la muy conveniente “reconducción tácita”, que no está contemplada ni en la Constitución ni en las leyes para este caso específico. Díaz Verón ya no es titular del Ministerio Público. Es un fiscal general “mau”.
El debate suscitado a raíz de los hechos desdorosos en los que se vio envuelto el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, gira en torno a si hay que someterle a juicio político o no. Con este procedimiento, ya se sabe, solamente puede determinarse si se lo destituye o no.
La pregunta que precede a esta cuestión guarda relación con un asunto jurídico: ¿cuál es la situación institucional del fiscal general? Su mandato venció oficialmente en noviembre de 2016 porque el Art. 269 de la Constitución dispone que “el Fiscal General del Estado (…) Durará cinco años en sus funciones”.
Díaz Verón tiene más de un año de función caduca, debió haberse retirado el día en que se cumplió el término marcado por la Constitución e ido a su casa, dejando en su reemplazo, interinamente, al fiscal adjunto en lo penal, como establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Sin embargo, el presidente Horacio Cartes lo quiso mantener en el cargo de cualquier manera, por lo que sacó de la galera la muy conveniente “reconducción tácita”, que no está contemplada ni en la Constitución ni en las leyes para este caso específico, y que se aplicó abusivamente, en el caso del defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges (actualmente procesado por lesión de confianza y otros delitos), a quien ilegalmente se lo tuvo atornillado a su silla hasta varios años después de cumplido el plazo legal de su mandato.
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