Si bien la norma de Contrataciones Públicas es clara en la ejecución del mantenimiento de oferta, en la Secretaría Nacional de Deportes (SND) perdonaron la demora al consorcio del hermano del hoy candidato a vicepresidente, pese a que esto atenta precisamente contra la garantía de la propuesta recibida en la licitación y, en vez de intimar por cobro de multas, repiten el llamado de G. 47.282 millones
Por Resolución N° 1399/2020, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dispone sanciones a las empresas o consorcios que no presentan su oferta física en el día, hora y lugar indicados en el SICP (Sistema de Información de las Contrataciones Públicas). En su artículo 59, esta norma establece de manera clara que la falta de presentación de la garantía de mantenimiento de ofertas es una agravante al momento de que la DNCP aplique la sanción, lo cual significa que la inhabilitación para ofertar y/o contratar con el Estado podría ser mayor.
Lógicamente, esta sanción corre en el momento que la entidad convocante gestione la intimación del cobro de multa ante el incumplimiento del oferente, ya que el mantenimiento de la propuesta es clave para que la licitación sea competitiva, tanto en precios como en calidad. En la Secretaría Nacional de Deportes (SND) ocurrió este atraso en el llamado para hotelería por un monto de G. 47.282 millones, pero en vez de caerle con el peso de las normas al oferente, en este caso Consorcio Mar, se desentendieron del asunto y, para colmo, repiten el llamado en el que, según denuncias, existe...
En el primer intento, el Consorcio Mar, integrado por Martín Travel y Maral Turismo SA, de José Carlos Brunetti y Ofelia Marcos de Brunetti, hermano y madre de Juan Manuel Brunetti, dupla de Hugo Velázquez para las presidenciales del 2023, participó de la licitación y era susceptible de ser adjudicado por haber participado en los cinco lotes. Sin embargo, llegó tarde a la presentación de sus ofertas, por lo que la SND no pudo adjudicarle los ítems. Otro elemento es que esta compañía remarcó precios muy por encima de lo estimado.
La administración de Fátima Morales finalmente declaró desierta la licitación, lo que hace presumir que la determinación de suspender el llamado fue para reajustar la licitación de modo que el único adjudicado sea el Consorcio Mar. Además de esto, la omisión de la multa y sanción privó al Estado paraguayo de la ejecución de una multa equivalente al 5% del contrato, es decir, unos G. 2.300 millones.
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