Un fallo del Tribunal de Apelación Penal dice que el juez tiene la obligación de admitir el acta de imputación, con lo que revoca el rechazo dado por la jueza de Garantías. Revocaron la resolución del 14 de marzo pasado de la jueza de Garantías, Alicia Pedrozo, quien había rechazado la imputación fiscal. Esto fue tomado por la jueza como que no se ratificó el requerimiento, con lo que resolvió rechazar el acta de imputación de la fiscala Natalia Cacavelos, por no cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 302 del Código Procesal Penal. La misma había señalado que la imputación no cumplía con el artículo 302 del CPP, sobre los requisitos para la imputación, ni cumplía con la Acordada 1631 del 30 de marzo de 2022. Además, la jueza apunta que la propia Fiscalía General tampoco asumió postura ratificando o rectificando, por lo que en puridad no existe imputación admitida y al no haber sido ratificada la imputación agotó los trámites y corresponde su rechazo. Al analizar la cuestión, el camarista expresa que el Ministerio Público es el órgano de persecución penal por excelencia y que la ley solo exige la sospecha como condición para la imputación. Según la ley procesal, el juez penal, al tomar conocimiento del acta de imputación, tendrá por iniciado el procedimiento, realizando los registros pertinentes, notificando a la víctima y al imputado. Si el fiscal ratifica y el juez insiste en su oposición se enviarán las actuaciones al Fiscal General, o al fiscal superior que él haya designado, para que pida de nuevo o ratifique lo actuado por el fiscal inferior.
Un fallo del Tribunal de Apelación Penal dice que el juez tiene la obligación de admitir el acta de imputación, con lo que revoca el rechazo dado por la jueza de Garantías. La resolución es contraria a lo indicado por la Corte en su Acordada 1631, del 30 de marzo de 2022. Fue fallo unánime de los camaristas Arnaldo Fleitas, María Belén Agüero y Arnulfo Arias. Revocaron la resolución del 14 de marzo pasado de la jueza de Garantías, Alicia Pedrozo, quien había rechazado la imputación fiscal.
Pero veamos. La fiscala Natalia Cacavelos imputó por supuesta estafa a Rosana Signorino, por un presunto hecho de incumplimiento de un contrato de alquiler, donde pidió la aplicación de medidas cautelares.
La magistrada Pedrozo devolvió el acta de imputación. Consideró que la fiscala se limitó a señalar la existencia aparente de un supuesto incumplimiento de contrato, lo que “a todas luces no se configura dentro del tipo penal imputado”.
Ante esto, le dio el trámite de oposición del artículo 314 del Código Procesal Penal, con lo que luego de que la fiscala se ratificara de su pedido, el caso pasó a la Fiscalía General del Estado.
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