El cese de pagos por parte del Estado obliga a las empresas constructoras a poner en pausa obras, paralizando a la fuerza laboral y maquinaria. El sector urge una solución definitiva.
La paralización de obras públicas por falta de pago estatal genera un efecto dominó que compromete tanto la infraestructura como la estabilidad económica de las empresas contratistas y la de los obreros.
Ante el incumplimiento en el abono de los certificados de obra, que totalizan unos USD 400 millones, incluyendo los intereses, algunas de las constructoras se ven obligadas a suspender los trabajos para evitar un colapso financiero, lo que deriva en el deterioro de las estructuras inacabadas, el despido masivo de trabajadores y el encarecimiento de los costos finales por mantenimiento y readecuación de precios, según advierten las vialeras.
Hasta el momento, el cese de pagos a las constructoras por parte del Estado desencadenó en la paralización de 7 importantes obras impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Según estimaciones de las empresas constructoras, cada obra emplea, en promedio, a unas 250 personas. Es decir, unos 1.700 trabajadores.
En concreto son tres tramos de obras viales en San Juan Misiones (MM, Construpar y Tecsul); la ruta de hormigón entre Concepción y Pozo Colorado (Ecomipa); la Ruta Graneros del Sur (Concremix, EBD); el Tramo Pilar – Humaitá (Concremix); e Humaitá Paso de Patria (Roggio-Heisecke – aún no inicia por falta de pago de anticipo).
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