Muy pocas veces la vorágine informativa y la “dictadura” de la inmediatez nos permiten reflexionar acerca de los desafíos que enfrenta el periodismo paraguayo en esta segunda década del Siglo XXI. A modo de autocrítica tenemos como deuda los espacios permanentes de formación y debate sobre temas actuales como la IA, las fake news, la polarización política y la desinformación. Por otro lado, una gran preocupación es la carencia de mecanismos de protección consolidados ante las amenazas del poder político y el crimen organizado.
La crisis del papel y las nuevas plataformas informativas son las aguas en las que navegan los periodistas, quienes en este proceso de transformación enfrentan otros aprietos: las crecientes presiones de grupos de poder político y las amenazas del crimen organizado.
Este representa una amenaza directa al ejercicio periodístico ya que tiene como uno de sus objetivos silenciar a quienes revelen sus actividades y estructuras. Esto pone a los periodistas en una posición particularmente vulnerable, enfrentando riesgos que incluyen la intimidación, violencia y muerte.
En ese contexto, Paraguay tiene en su haber más de 20 periodistas asesinados. Encabeza esta lista el periodista Santiago Lequizamón asesinado por la mafia el 26 de abril de 1991, en el Día del Periodista, en Pedro Juan Caballero, Amambay.
Su caso nunca encontró justicia en nuestro país y fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al estado paraguayo a, entre otras cosas, fortalecer a la Mesa para la Seguridad de Periodistas y a la promulgación de una Ley de Protección a Periodistas, deudas jurídicas hasta ahora impagas.
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