Una cláusula leonina del contrato firmado entre Petropar y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) permite el cobro del 18% de interés moratorio anual si el pago no se concreta en la fecha pautada. Una fuente técnica vinculada a la estatal venezolana asegura que es inminente que Venezuela venda estos títulos de créditos al mercado internacional, que con la aplicación de dicha tasa usuraria, la deuda se dispararía a más de US$ 500 millones.
De los US$ 287 millones que hoy PDVSA exige a Petropar para que abone en el perentorio plazo de 10 días, la deuda podría duplicarse y superar los US$ 500 millones, de aplicar una de las cláusulas establecidas en el desventajoso contrato firmado en su momento, entre Petropar y PDVSA. “Y es inminente que ello ocurra”, aseguró una fuente técnica ligada a la petrolera venezolana. El motivo de la multiplicación del monto de la deuda se basaría en el contrato leonino firmado entre las petroleras de ambos países, que es ampliamente desventajoso para Paraguay en varios puntos, y que en su momento...
En una parte del citado contrato, que rigió del 1 de julio al 31 de diciembre de 2008, tanto en el gobierno colorado de Nicanor Duarte Frutos como en el liberoizquierdista de Fernando Lugo, se establece un interés moratorio del 12% anual, más un adicional del 6% anual por manejo administrativo (ver documento), totalizando 18%, que según se reconocieron en los mismos documentos internos obrantes en Petropar en ese lapso, “se trata de tasas muy superiores a las aplicadas en los contratos vigentes”.
En este mismo documento las autoridades locales asintieron renunciar a los legítimos intereses nacionales en otros puntos, como el caso de la soberanía jurídica local, si surgen controversias. Se aceptaron los tribunales venezolanos en caso de impases, como los que ocurren actualmente. También, otra muy cuestionada cláusula permite a PDVSA modificar cuando quiera la tasa de interés aplicada en el marco de estas operaciones.
Un total de seis son las facturas vencidas por la provisión de combustible y cuyo pago es reclamado desde el viernes último por Venezuela, tras la postura asumida por Paraguay en la última reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Estas facturas datan de octubre, noviembre y diciembre de 2008 y enero, febrero y marzo, de 2009. Cada documento sería por un valor promedio de US$ 50 millones.
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