La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña imputó ayer y pidió la prisión del funcionario de Cancillería Pablo Acosta, de 24 años, por supuestamente solicitar el monto de G. 8.000.000.
De acuerdo a la denuncia penal ingresada en Anticorrupción, Acosta se hacía pasar por asistente fiscal de Capiatá y de esa forma pidió G. 8.000.000 a los padres de un joven que está preso por tenencia de 4 gramos de crack.
“Él prometía mediar ante la actuaria judicial para lograr un arresto domiciliario a cambio de los G. 8 millones”, explicó la fiscala Acuña. La agente presentó denuncia anoche por cohecho pasivo y puso a disposición del juzgado penal de garantías al funcionario aprehendido en flagrancia.
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