Ayer fue detenido por estafa el peruano Rafael González Thorne, quien además de las denuncias en el sector privado consigue impunemente contratos con el Estado con documentación falsa en el rubro de ascensores. Y a pesar de que se dio a conocer el uso de documentos falsificados, después de ello de igual forma firmó por G. 1.080 millones con instituciones como Registro Civil, Hacienda y Contrataciones Públicas. Usa dos empresas y una, en papeles, es propiedad de la modelo Andy Duarte, aunque la mujer sería solo una prestanombre.
El Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía detuvo ayer a Rafael Eduardo González Thorne (39), un ciudadano peruano que tenía cuatro órdenes de captura pendientes por cuatro causas por estafa, aunque podrían ser muchas más, informó el jefe de esta dependencia policial, comisario Darío Von Brand.
Lo llamativo es que González Thorne es propietario de Sertec SA y gerente general de Renfle SA. Ésta última firma figura a nombre de la modelo Andrea Carolina Aranda Duarte (32), conocida artísticamente como Andy Duarte. La misma confirmó a ABC Color que el ciudadano peruano es el que maneja su empresa y todo indica que la modelo es una testaferro. De hecho, Rafael Eduardo González se presenta como esposo de Andy Duarte en las negociaciones, según actas de varios procesos licitatorios que se pueden ver en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Renfle SA, en al menos cuatro ocasiones, presentó ofertas con facturas y otros documentos falsos. Aún luego de conocerse las irregularidades, fue adjudicada con licitaciones por G. 1.080 millones sin objeciones de la DNCP, según se desprende de cuatro informes de evaluación de ofertas de diferentes entes públicos.
Pero la mala fe no fue solo en el sector público. Delitos Económicos informó que el empresario tenía captura pendiente ordenada por las juezas Rosarito Montanía, Lici Teresita Sánchez y Lici Sánchez Segovia. La cuarta detención la pidió la fiscala Blanca Agüero, por una denuncia de estafa de US$ 31.000 (unos G. 140 millones) que la Cooperativa 8 de Marzo le adelantó en concepto de un contrato para la instalación de ascensores que no cumplió, detalló Von Brand. La Policía informó que fue puesto a disposición de la agente fiscal y de los juzgados.
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