<p>La Direccion de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, en su rol de organo tecnico de apoyo y asesoramiento en materia de derechos humanos, destaca la importancia de la aplicacion de la Convencion Interamericana sobre la Proteccion de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en los procesos judiciales que involucren a este sector de la poblacion.</p>
La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, en su rol de órgano técnico de apoyo y asesoramiento en materia de derechos humanos, destaca la importancia de la aplicación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en los procesos judiciales que involucren a este sector de la población.
El Estado paraguayo cuenta con un marco constitucional, legal e institucional orientado a la protección integral de los derechos de las personas mayores, en concordancia con los principios de dignidad humana, igualdad y no discriminación. La Constitución Nacional establece la obligación estatal de adoptar medidas de protección a favor de los sectores en situación de vulnerabilidad, entre los cuales ubica este grupo etario, con el objetivo de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales.
En el ámbito internacional, el Paraguay ha ratificado recientemente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores mediante la Ley N.º 7600/2025, encontrándose vigente y siendo jurídicamente vinculante para el Estado paraguayo. Este instrumento reconoce a las personas mayores como sujetos plenos de derechos humanos y establece estándares específicos en materia de autonomía personal, salud integral, seguridad social, participación social, vivienda adecuada y acceso efectivo a la justicia.
A nivel interno, la Ley N.º 1885/2002 “De las Personas Adultas”, la Ley N.º 7322/2024, que establece la Pensión Universal para las Personas Mayores, así como otras normas complementarias, reflejan el compromiso del Estado paraguayo con la protección y el bienestar de las personas mayores, en especial de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Leer la nota completa en Corte Suprema