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Desoyendo a DNCP, el MOPC apuró contrato de fiscalización - Edicion Impresa - ABC Color

Desoyendo a DNCP, el MOPC apuró contrato de fiscalización - Edicion Impresa - ABC Color

El MOPC firmó un millonario contrato para fiscalizar el ensanche de las rutas 2 y 7, con un consorcio al que estuvo ligada la gestora de esta licitación, la ingeniera Claudia Centurión. La suscripción se dio pese a existir una resolución de la DNCP que recomendaba suspender el proceso. En el referido ministerio, nadie se hace encontrar para dar explicaciones al respecto.

Con llamativa premura, autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) firmaron el contrato para la fiscalización de las obras de ensanche de las rutas 2 y 7, en este caso con el consorcio Cruz & Dávila-Electroconsult, por US$ 8,2 millones. Lo hicieron a pesar de que una resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recomienda suspender todo el proceso, tras la detección de indicios de irregularidades.

Solicitamos al Ministerio de Obras Públicas una copia del referido contrato, firmado sin informar a la ciudadanía ni a Contrataciones Públicas, pero ningún funcionario de dicha cartera quiso dar la cara. Más tarde, desde la Dirección de Comunicaciones enviaron un comunicado en el que se limitan a decir que apuraron el contrato de fiscalización “porque las obras de duplicación no pueden esperar más tiempo”.

Cruz & Dávila es la empresa chilena en la que trabajó Claudia Centurión, la directora de Proyectos Estratégicos, antes de pasar a ocupar este cargo en el MOPC. Antes de que se conociera su vinculación con dicha compañía, era ella quien daba explicaciones sobre el avance del proceso. Tan pronto como se supo, dejó de hacerlo.

“El MOPC decidió firmar el contrato con el Consorcio C y D-ELC, adjudicada para realizar la fiscalización de las obras de duplicación de las rutas 2 y 7. Esta decisión es para precautelar los intereses del país, ya que las obras de duplicación no pueden demorar más tiempo de lo estipulado en el contrato porque eso representará un desbalanceo económico importante que podrá reclamar la empresa contratista al Estado paraguayo”, reza el citado comunicado emitido por la Dirección de Comunicaciones del MOPC ante nuestra consulta.

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Diario ABC
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