La falta de compromiso de las autoridades municipales y departamentales, de cuyas voluntades dependen la conformación de las Codeni, impide que los procesos de abrigo de cientos de niños vulnerados en sus derechos y garantías se active en forma inmediata cuando ocurren hechos de violencia. Tanto las Codeni como los juzgados carecen de infraestructura y personal idóneo para la atención de casos, especialmente los de abuso sexual.
Las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) cumplen un rol social y de preventivo, de acuerdo a las Ley 1680 “Código de la Niñez y la Adolescencia”.
Sin embargo, la habilitación y el funcionamiento de estas oficinas, claves en el proceso de activación de protección a los niños víctimas de violencia; dependen de la voluntad de los intendentes y gobernadores, no previendo el Código de la Niñez sanciones para estos corresponsables de la niñez de sus comunidades, en caso de no contar con una Codeni en funcionamiento.
Un informe de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia –SNNA– revela la falta de compromisos de estas autoridades electas para conformar las Codeni, en las que incluso se violan leyes laborales vigentes (ver infografía a la derecha).
Un gran número de funcionarios de Codeni no gana ni siquiera el sueldo mínimo.
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