En política y economía, una aldea Potemkin significa una falsa construcción que se presenta para ocultar un desastroso estado real. Literal o figurativamente, es algo creado para engañar a las personas haciéndoles creer que una situación es mejor de lo que realmente es. El término se origina en cuentos de que el jefe militar ruso Grigory Potemkin, que había sido amante de la emperatriz Catalina II, construía falsas aldeas portátiles que se desarmaban tras pasar Catalina, para armarse nuevamente en el camino que ella seguiría bordeando el río Dniéper.
Abundan ejemplos modernos, por ejemplo, cuando los visitantes a países comunistas se les muestra solamente lo que los regímenes quieren que vean. En Corea del Norte, el poblado de Kijong-dong, también conocido como Villa Paz, es una aldea Potemkin propagandística diseñada para estimular deserciones hacia Corea del Norte desde Corea del Sur. Durante la Segunda Guerra Mundial; la Alemania nazi construyó un campo de concentración villa Potemkin que podría serle mostrado a la Cruz Roja (Theresienstast). Un elemento del infame escándalo Enron fue que la compañía mantenía un falso piso de...
Etiquetando la idea de “derechos económicos” como una aldea Potemkin quiero mostrar que clasificar ciertas actividades como derechos económicos es una construcción falsa y peligrosa que disminuye nuestros derechos políticos.
Exploremos: los derechos pueden verse como libertades o como reclamaciones. Un derecho-libertad es la prerrogativa de hacer algo sin imponer ninguna obligación a alguien; por ejemplo, el derecho a la libre expresión. Los derechos-libertades no pueden ser violados por el Estado. En contraste, derechos-reclamaciones imponen una obligación a alguien más de hacer algo en beneficio del reclamante. Por ejemplo, si usted tiene derecho a recibir algún tipo de beneficio de bienestar social, eso requiere que alguien entregue una parte de sus ingresos para pagar por esos beneficios suyos.
Históricamente los derechos se veían como reclamaciones de individuos frente al Estado. Más recientemente, la noción de derechos se ha expandido para incluir beneficios demandados al Estado, como seguridad social y cuidados médicos. El problema es que esta definición ampliada de derechos socava nuestros derechos políticos básicos. Por encomiable que parezca la idea, los derechos económicos, como el derecho a la vivienda, al trabajo, o a los alimentos, son contrarios a la libertad, porque requieren intervención gubernamental.
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