El actuar presuntamente ilícito de Raúl Fernández Lippmann y Óscar González Daher se produjo en el ejercicio de las funciones públicas que ostentaban y no se puede hablar de violación a la intimidad. Es por ello que un Tribunal de Apelaciones rechazó la exclusión de los audios.
El camarista José Agustín Fernández, preopinante en el caso conocido como audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, señaló que la teoría del árbol envenenado, que argumentan las defensas para anular las grabaciones, adquirió la denominación en el caso Silverthorne Lumber Co. V. United States, en el año 1920. “Su origen primordialmente era para evitar excesos en el ejercicio de la autoridad y las pruebas obtenidas y producidas arbitraria e ilegítimamente por los agentes policiales o estatales, mas no así para los particulares”, enfatizó el magistrado en su voto.
“La doctrina mundial señala que su aplicación no es absoluta y menciono las excepciones que para esta Magistratura adquieren relevancia y son aplicables al caso particular, la teoría de la fuente independiente y la buena fe, las cuales otorgan la posibilidad, siempre ceñida al criterio del juzgador, a valorar la prueba obtenida de una fuente particular o independiente, debiendo estar la misma desconectada de la función pública, sin que, a su vez, tampoco pueda advertirse en su actuar la voluntad de prefabricar pruebas, o sea, que su buena fe sea manifiesta e inequívoca en su proceder de dar...
Para el camarista, la exclusión absoluta de pruebas, en su sentido estricto, solo se establece como regla general en cuanto a los excesos del Estado –Ministerio Público, agentes policiales o terceros bajo mandato de los anteriores– en la producción, ofrecimiento de pruebas en la investigación de hechos punibles.
De este modo, según el preopinante, se tienen dos situaciones posibles. La primera, es una grabación realizada por terceros, de comunicaciones mantenidas por personas también particulares. La segunda, que es el caso en estudio, en donde las grabaciones son realizadas por terceros, de comunicaciones de funcionarios públicos o de estos con terceros.
Leer la nota completa en Diario ABC
