El año pasado la mayoría de las corruptelas cometidas en las licitaciones fue obra de los gobiernos municipales, en el marco de la inversión de los recursos del Fonacide en infraestructura educativa y almuerzo escolar. En realidad, desde la promulgación de la Ley N° 4758/12, esos recursos vienen siendo objeto del robo sistemático cometido por intendentes y concejales municipales ladrones en connivencia con particulares previamente digitados, que sobrefacturan sus ofertas. Hasta la fecha, nunca una autoridad municipal electa ha sido condenada por actos de corrupción, es decir, ninguna ha sido responsabilizada personalmente con sus bienes –como corresponde– por los daños causados a la Municipalidad, tal como lo prevé la propia Ley Orgánica Municipal (LOM). Actualmente están procesados diecisiete exintendentes, pero ningún concejal ha sido tan siquiera imputado. Ante tanto descontrol institucional, solo resta que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan su derecho de controlar de cerca a sus respectivas autoridades municipales y de participar en la gestión comunal. El silencio solo beneficia a quienes defraudan la confianza ciudadana, dando pie a que sus atropellos continúen y se multipliquen
El año pasado la mayoría de las corruptelas cometidas en las licitaciones fue obra de los gobiernos municipales, en el marco de la inversión de los recursos del Fonacide en infraestructura educativa y almuerzo escolar. En realidad, desde la promulgación de la Ley Nº 4758/12 esos recursos vienen siendo objeto del robo sistemático cometido por intendentes y concejales municipales ladrones en connivencia con particulares previamente digitados, que sobrefacturan sus ofertas. Muchas veces, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ni siquiera es informada de los llamados a licitación.
La triste experiencia enseña que, en este como en tantos otros casos, resulta ilusorio esperar que la Junta Municipal controle en verdad a la Intendencia. Raras veces toma en serio su atribución de juzgar la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria, tal como lo hizo la de Ciudad del Este cuando en 2017 rechazó la presentada por su intendente Sandra McLeod de Zacarías, pues no habría justificado el uso de unos 145.000 millones de guaraníes. Y bien, la jefa comunal fue “blanqueada” por el complaciente Tribunal de Cuentas, Segunda Sala –integrado por los abogados Arsenio Coronel,...
En este deplorable episodio no intervino, pues, la Contraloría General de la República, como no lo hace en los casos que afectan a aquellas entidades públicas que promovieron una acción de inconstitucionalidad para escapar a su auditoría. Esta institución, cuando puede ejercer su rol constitucional realizando algún “examen especial”, tampoco se muestra muy diligente, so pretexto de falta de recursos humanos y materiales. Asimismo, cuando comunica al Ministerio Público la presunta comisión de algún delito, la denuncia queda allí congelada. Conste que los agentes fiscales deben actuar de...
Ante tanto descontrol institucional, solo resta que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan su derecho de controlar de cerca a sus respectivas autoridades municipales y de participar en la gestión comunal, de acuerdo a la LOM. En las localidades pequeñas y medianas, sobre todo, es fácil saber si alguna obra fue o no realizada y, en caso afirmativo, en qué condiciones. Tampoco puede dejar de generar sospechas en los vecinos que el intendente y los ediles estén incrementado llamativamente sus respectivos patrimonios, visibles a simple vista. De hecho, la sociedad civil organizada puede y debe...
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