Los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, que en 2012 provocó la muerte de 17 personas y el cese del presidente Fernando Lugo, sufrieron “violaciones de derechos humanos y de garantías procesales” durante el juicio que enfrentan en Asunción.
El abogado participó en una audiencia pública celebrada en el Congreso paraguayo para debatir acerca de las contradicciones del proceso judicial, en el que se juzga a once campesinos (ocho hombres y tres mujeres) por la muerte de seis policías.
Los hechos sucedieron el 15 de junio de 2012, cuando un contingente de 300 policías fuertemente armados acudió a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban un territorio del distrito de Curuguaty para pedir que se integrase a la reforma agraria.
Durante el desalojo se originó un tiroteo en el que murieron once campesinos y seis policías.
La Fiscalía solo investigó las muertes de los policías y formuló la acusación contra once campesinos, diez de los cuales permanecen bajo arresto domiciliario en un albergue post-penitenciario de Asunción, mientras que otro de ellos, Rubén Villalba, cumple pena de prisión en la cárcel asuncena de Tacumbú por una causa de 2008.
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