Noelia Núñez, abogada de Marco Emmanuel González un joven de 25 años imputado por sospecha de hurto de máquinas de criptomoneda denunció que el pasado 1 de agosto, a las 14:29, vía electrónica, requirió la revisión de la prisión preventiva que soporta su cliente. Sin embargo, 48 horas después, esta no fue tramitada.
Según la defensa, el juez del caso ha quebrantado las garantías procesales de su cliente al no cumplir con los plazos legales ni convocar a una audiencia de revisión de la prisión preventiva que soporta su defendido, por lo que, según sostiene, opera la resolución ficta, y este debe ser beneficiado con una medida menos gravosa, como el arresto domiciliario con uso del dispositivo electrónico.
“Resulta imperativo señalar la flagrante preterición procesal que cercenó de manera brutal, irreparable e inaudita el sagrado derecho a la defensa de mi mandante. La denegación tácita o el mantenimiento de una medida tan extrema como la prisión preventiva sin la celebración de la audiencia solicitada, a pesar de la petición expresa de esta parte, convierte el presente proceso en una manifestación de arbitrariedad judicial manifiesta. Se ha impedido a esta defensa ejercer a cabalidad su prerrogativa de presentar los documentos de descargo y argumentar con la amplitud y profundidad necesarias...
Esta omisión judicial, que raya en el denegar justicia, es una afrenta directa al debido proceso, a la inviolabilidad de la defensa (Artículo 16 de la Constitución Nacional) y al acceso a la justicia de mi defendido”, señala parte del escrito presentado por la abogada, al urgir el pronto despacho del magistrado sobre lo solicitado por la defensa.
Agrega que, con esta actitud, se ha conculcado la posibilidad de un debate oral y público, pilar inconmovible del sistema acusatorio vigente, donde la defensa podría haber expuesto con toda su fuerza probatoria y argumentativa la inviabilidad de mantener una medida tan gravosa como la prisión preventiva.
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