El asesor legal de la Procuraduría General, Ariel Salinas, presentó ayer dos denuncias sobre posibles casos de corrupción en Petropar atribuidos a la administración anterior. Guardan relación con otorgamiento de contratos que atentan contra intereses de la cuestionada empresa estatal.
Ariel Salinas, abogado de la Procuraduría General de la República (PGR), presentó ayer ante el Ministerio Público dos denuncias de posibles casos de corrupción en Petróleos Paraguayos (Petropar), que se habrían dado durante la administración anterior, que era presidida por Eddie Jara Rojas. Ambas denuncias llevan la firma de Patricia Samudio, actual titular de Petropar, y de Sergio Coscia, procurador general de la República.
Una de las denuncias es contra personas innominadas y se relaciona a la provisión irregular de gas licuado de petróleo (GLP) a la empresa Buenaventura SA, propiedad de Fernando Rafael Ramos, por un tiempo de seis meses. La empresa privada retiró el producto, pero no pagó. Petropar presentó como prueba los tickets de entrega de la carga. En este caso, el daño económico al Estado rondaría los G. 1.500 millones, de acuerdo a la carpeta presentada. Buenaventura SA explota una estación de servicio con emblema Petropar en la ciudad de Ñemby, según los datos.
El otro caso tiene que ver con la adjudicación de un contrato y su posterior ampliación, para la provisión de diésel. Se otorgó a la empresa Glencore International AG a un precio de 438 dólares el metro cúbico y luego a 429 dólares el metro cúbico. Petropar podía facturar por el segundo precio, una vez que el primer contrato ya fue cumplido, pero prefirió usar el valor más alto, con lo que se causó a la estatal un daño de unos G. 1.383 millones en una sola operación, según la denuncia.
El documento menciona directamente a Eddie Jara como responsable del hecho sucedido durante el gobierno de Horacio Cartes, y aclara que podrían haber “otros sujetos cuya responsabilidad pudiera resultar eventualmente de la investigación”.
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