Ante la Fiscalía General del Estado y con pedido de designación de un agente especializado en delitos económicos, el abogado Mario Escurra Franco, por la representación de Teófilo Báez Caballero, intendente del distrito de...
Ante la Fiscalía General del Estado y con pedido de designación de un agente especializado en delitos económicos, el abogado Mario Escurra Franco, por la representación de Teófilo Báez Caballero, intendente del distrito de Tavapy, presentó denuncia penal contra exautoridades del municipio. Específicamente, lo hizo contra el exintendente Aníbal Fidabel Romero, Hugo Bogado, exdirector de hacienda, y Dionisia Almirón, titular del departamento de cajas de la institución municipal en el periodo anterior. También pidió intervención de la unidad anticorrupción para la investigación.
Les atribuyen hechos tipificados como exacción, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, uso de documentos públicos de contenido falso, peculado y asociación criminal; estafa, operaciones fraudulentas y enriquecimiento ilícito. A todos, los sindican como autores directos, coautores, instigadores o cómplices, a ser individualizados en el marco de la investigación penal. El escrito de seis fojas detalla los hechos tipificados, según la conclusión de una auditoría interna realizada por la licenciada Norma Fariña Ávalos, en la que se determinó voluminosos saqueos a las arcas del municipio.
La revisión contable entre los meses de enero a junio de 2021, primer semestre del año, fueron anulados comprobantes de ingresos por la suma G. 320.374.040. En ese lapso, según la contadora, se anularon entre 17 y 58 comprobantes, desconociéndose el destino de los montos que deberían ser parte de la ejecución presupuestaria anual de la Comuna.
Primeramente, Escurra Franco pide la declaración testifical o informativa de la asesora contable, firmante de la conclusión de auditoría y, posteriormente, la declaración indagatoria de las tres primeras personas jurídicamente responsables de los hechos. Más allá del perjuicio patrimonial, se busca el castigo penal de los denunciados y quienes resulten comprometidos por su intervención para la comisión de los hechos.
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