La presentación se basa en el derecho de los intereses difusos, artículo 38 de la Constitución Nacional. La intención es obtener una medida cautelar para detener nuevas habilitaciones en violación a lo establecido en la ordenanza 040/98 y 029/03 emanada del cuerpo colegiado de la capital departamental, que establece que un local debe estar como mínimo a 1.000 metros de distancia de otro. La misma legislación establece que debe estar a 300 metros de escuelas, colegios y hospitales. Ambas disposiciones son letra muerta.
En el escrito explican que ambas ordenanzas son las que actualmente se encuentran vigentes en el municipio. La primera se la considera como el plan regulador de las demás ordenanzas. Dice que el caso de la 029, el objeto no es otra cosa sino que la Junta Municipal tuviera un control con la Intendencia en la observancia del cumplimiento de la ordenanza 040.
“Sin embargo, en la actualidad injustificadamente y sin razón legal, algunos concejales directamente violentan las propias ordenanzas municipales en relación a los requisitos básicos legales para la habilitación de estaciones de servicio, cayendo en un estado de total anarquía”.
NOTAS. Menciona igualmente que miembros de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio (Apesa), regional Alto Paraná, mediante notas presentadas a la Intendencia y la propia Junta, alertaron de tal situación. “Uno de los tantos casos es del emblema Petromax que, tras varias denuncias, las obras fueron suspendidas y finalmente clausurada el martes pasado por la Dirección de Fiscalización de obras de la Comuna, sin embargo, horas después la Junta mediante maniobras de concejales procedieron a dar dictamen favorable para la habilitación, en abierta transgresión de las ordenanzas”.
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