En razón a la actual doctrina imperante dentro del derecho penal económico, y ante la existencia de una sociedad globalizada, que invoca la necesidad de una mayor protección jurídica frente a los diversos sucesos delictivos que se desarrollan en el ámbito financiero, así como el interés que se forja para determinar la responsabilidad de todos los participantes y/o las acciones de una sociedad de riesgo, se torna imprescindible llegar a comprender el paradigma de la clasificación de sujetos infractores que, mediante un estrato social relevante en el ejercicio de la actividad profesional, conciben conductas lesivas dentro del orden socioeconómico.
En tal sentido, con los nuevos vértices dogmáticos, podemos determinar que se busca viabilizar la defensa y la protección social, frente al peligro subyacente que van sufriendo los bienes jurídicos colectivos, por lo que se reconoce la unificación de criterios dentro del como internacional, y bajo los estándares de la atribuibilidad de una responsabilidad penal, considerando la subsunción de modelos de conductas que se relacionan con sujetos con estatus social relevante.
Ciertamente, algunos hechos punibles se reducen a los cometidos por sujetos con calidades distintas, al general de la sociedad, y que resultan en estratos relevantes, con una posición superior dentro del sistema económico. Algunos de estos, se potencian por sus profesiones y/o cargo laboral, que aumentan la perspectiva de ejecución de acciones ilícitas.
En tanto, el debate se inicia en el año 1939, cuando un reconocido estudioso de las conductas delictivas, de nombre Edwin Sutherland, había anunciado ante la American Sociological Society la tesis que construye un apelativo que denominó: “Delito de cuello blanco”.
En efecto, la conceptualización asumida por Sutherland puede ser interpretada desde la escuela, de firma italiana y fundacional en materia de criminología, con Lombroso, Ferri y Garófalo, por considerarse una implicancia copulativa con cierta discusión dentro de los parámetros de una responsabilidad por calidad de autor, delimitante entre el derecho penal de autor y de acto.
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