La auditoría dispuesta por el nuevo defensor del Pueblo, Miguel Godoy Servín, ha revelado que su antecesor, Manuel Páez Monges, durante sus trece años de lamentable desempeño incurrió en presuntas graves malversaciones y en derroches mayúsculos. El hecho de que un comisionado parlamentario, que tiene la misión constitucional de precautelar los derechos humanos, canalizar los reclamos populares y profesar los intereses comunitarios, haya malgastado más de 110 millones de dólares indemnizando muchas veces a quienes no fueron víctimas de la dictadura –incluyendo a algunos torturadores– y viajando con suma frecuencia al exterior para asistir a seminarios irrelevantes, muestra hasta qué punto de degradación moral se puede llegar cuando la conducta en el ejercicio de un cargo público está regida por la codicia desaforada. Ni el Congreso ni la Contraloría vieron lo que ocurría en un órgano encabezado por un exintendente del stronismo, que jamás se había ocupado de los derechos humanos. Estos hechos ameritan que los ciudadanos y las ciudadanas exijan que los facinerosos que se aprovechan de los cargos públicos sean barridos de ellos y vayan a parar a la cárcel.
La auditoría interna dispuesta por el nuevo defensor del Pueblo, Miguel Godoy Servín, ha revelado que su antecesor, Manuel Páez Monges, durante sus trece años de lamentable desempeño, incurrió en presuntas graves malversaciones y en derroches mayúsculos. El hecho de que un comisionado parlamentario, que tiene la noble misión constitucional de precautelar los derechos humanos, canalizar los reclamos populares y profesar los intereses comunitarios, haya malgastado más de 110 millones de dólares indemnizando muchas veces a quienes no fueron víctimas de la dictadura, y viajando con suma...
Parte de lo que acaba de revelarse ya fue denunciada el 18 de septiembre de 2012 ante el Ministerio Público por la delegada del organismo, Norma Ferreira, según la cual Páez Monges había autorizado el pago de varias indemnizaciones “a sabiendas de que los expedientes contenían documentos adulterados y testigos falsos”, causando al erario un daño patrimonial de 4.160 millones de guaraníes. Huelga apuntar que la agente fiscal Liliana Alcaraz, en cuyas manos cayó el expediente, nada hizo al respecto, tanto que el nuevo defensor del Pueblo solicitará que ella no intervenga en una nueva denuncia...
Ni el Congreso ni la Contraloría vieron lo que ocurría en un órgano encabezado por un exintendente del stronismo, que jamás se había ocupado de los derechos humanos. La Contraloría solo realizó un examen especial de la ejecución presupuestaria durante los dos primeros cuatrimestres de 2015, constatando que se abonaron salarios por más de 87 millones de guaraníes a funcionarios y contratados que no habían registrado ni su entrada ni su salida del lugar de trabajo, que se pagó a una confitería 18.395.000 guaraníes por bienes y/o servicios recibidos por un valor de solo 6.148.000, y que se...
“Minucias” similares, repetidas a lo largo de los años, debieron de costar mucho dinero a los contribuyentes, sin que desde luego deba excluirse que se hayan cometido malgastos mucho mayores en cuanto a contrataciones y a pagos al personal.
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