El presidente de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para indagar los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de los pagarés, senador Rafael Filizzola, acompañado de los senadores José Oviedo e Ignacio Iramain y el equipo técnico de la Comisión, mantuvieron una reunión de coordinación con el defensor general Javier de Jesús Esquivel González, el defensor adjunto civil Edgar Ríos y su equipo asesor. Los senadores expresaron preocupación por el desconocimiento que aún persiste en algunas sedes de la Defensa Pública respecto al alcance de las funciones de la Comisión Especial, así como por críticas realizadas por funcionarios de esa institución por el involucramiento del Senado en este tema, incluso en presencia de víctimas acompañadas por funcionarios del Senado.
El presidente de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para indagar los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de los pagarés, senador Rafael Filizzola, acompañado de los senadores José Oviedo e Ignacio Iramain y el equipo técnico de la Comisión, mantuvieron una reunión de coordinación con el defensor general Javier de Jesús Esquivel González, el defensor adjunto civil Edgar Ríos y su equipo asesor.
Durante el encuentro el equipo técnico de la comisión especial transmitió una serie de dificultades relatadas por las víctimas al momento de recurrir al Ministerio de la Defensa Pública para acceder al servicio.
Entre los principales obstáculos se encuentra la necesidad de que las víctimas del interior del país deban trasladarse hasta Asunción, incluso en casos donde enfrentan embargos en varios juzgados, ubicados en diferentes ciudades y alejados entre sí.
Para acceder a la representación legal gratuita, deben acudir presencialmente a cada una de esas sedes de Defensoría, presentar dos testigos con sus respectivas cédulas autenticadas en cada juicio y en muchos casos se les exige certificados de vida y residencia, requisito innecesario. Otro punto señalado fue que se exige a las víctimas gestionar por sí mismas copias de los expedientes, lo cual representa una carga adicional.
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