El Juzgado Penal de Garantías del Segundo Turno de San Lorenzo rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa de Cristhian Daniel Vera López, imputado por el presunto hecho de violencia familiar. La resolución, firmada por el juez Ronald González, concluye que el acta de imputación presentada por el Ministerio Público se ajusta a […]
El Juzgado Penal de Garantías del Segundo Turno de San Lorenzo rechazó el recurso de reposición presentado por la defensa de Cristhian Daniel Vera López, imputado por el presunto hecho de violencia familiar. La resolución, firmada por el juez Ronald González, concluye que el acta de imputación presentada por el Ministerio Público se ajusta a los requisitos legales establecidos, por lo que no existe causal que amerite su nulidad.
La defensa, representada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, había cuestionado la falta de precisión en la descripción de los hechos imputados, alegando violación de garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho a la defensa. Sin embargo, el Juzgado consideró que la imputación reúne todos los elementos exigidos por el art. 302 del Código Procesal Penal (CPP), incluyendo la identificación del imputado, el relato del hecho, el contexto de violencia progresiva y la fecha del último episodio de agresión.
El Ministerio Público describió un patrón reiterado de violencia psicológica, física y verbal desde el año 2020, agravado a partir de la convivencia en el año 2022. Según el acta, el episodio más reciente ocurrió el 12 de noviembre del 2024, cuando el imputado habría agredido físicamente a su pareja dentro de un vehículo, amenazándola de muerte. Estas conductas estarían respaldadas por informes psicológicos, evidencias audiovisuales y testimonios agregados a la carpeta fiscal.
Por su parte, la querella adhesiva también se opuso a los planteamientos de la defensa, señalando que la nulidad solicitada no cumple con los requisitos legales, ya que no se evidencia perjuicio concreto ni violación de formas esenciales del procedimiento. Argumentaron que el acta de imputación no prejuzga, sino que habilita el ejercicio de defensa y garantiza el acceso a pruebas y actuaciones procesales.
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