La Procuraduría General de la República informó que fue ejercida con diligencia y compromiso la defensa ante la acción judicial planteada por la firma Tagua Pilot, quien demandó subsidiariamente al Estado paraguayo, por una conducta imputada al señor Jorge Mancuello Benítez, en su carácter de Prefecto General Naval. Según los antecedentes, la empresa Tagua Pilot alegó […]
La Procuraduría General de la República informó que fue ejercida con diligencia y compromiso la defensa ante la acción judicial planteada por la firma Tagua Pilot, quien demandó subsidiariamente al Estado paraguayo, por una conducta imputada al señor Jorge Mancuello Benítez, en su carácter de Prefecto General Naval.
Según los antecedentes, la empresa Tagua Pilot alegó ser dueña del remolcador “Espartano” y que el entonces Prefecto General Naval sancionó a la empresa VESSEL ATLANTICA S.A. por el traslado irregular del remolcador “Espartano”. Aunque luego dicha sanción fue revocada por la Prefectura, el tiempo entre dicha medida y su revocación habría provocado un perjuicio económico a la mencionada firma, por no poder explotarlo comercialmente, hasta que se dispuso el levantamiento de la medida cautelar de amarre.
Así, alegó la imposibilidad material de poder operar comercialmente el remolcador, lo que le habría generado perjuicios económicos que estimaron en la millonaria suma mencionada, además de los intereses al 1,7% mensual.
La Procuraduría, al momento de presentarse en el juicio, alegó que la empresa no demostró ser la propietaria del buque remolcador Espartano, tampoco justificó por qué el Estado paraguayo debe hacerse responsable del pago de la suma reclamada.
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