Un Tribunal de Apelaciones anuló una absolución por considerarla contradictoria, la Corte Suprema rechazó su revisión y un nuevo juicio oral concluyó con la condena de la acusada por incumplir una orden judicial vinculada a la protección de un niño.
El caso de María Laura Román Gavilán (42), acusada de desacato en Caacupé, culminó con una condena tras un extenso y poco habitual recorrido judicial que incluyó una absolución inicial, su posterior anulación por "ilógica" y un nuevo juicio oral que confirmó su responsabilidad penal.
El Tribunal de Sentencia de Caacupé, integrado por los jueces Augusto Acuña, Germán Bernal Pacher y Alberto Peralta, dictó el pasado 25 de marzo de 2026 una condena contra la mujer, al comprobar que incumplió reiteradamente una orden judicial relacionada con un régimen de relacionamiento con su hijo menor. La sanción consistió en una multa, determinada conforme al sistema legal vigente.
El proceso tuvo su origen en una sentencia absolutoria dictada en noviembre de 2024 por otro Tribunal de Sentencia, conformado por las juezas Liliana Ruiz Díaz, Cristel Muller de Peralta y Ángela Carolina Jara. En esa ocasión, las magistradas consideraron que, si bien la acusada conocía la orden judicial, no tuvo intención de desacatarla.
Sin embargo, el Ministerio Público, representado por el fiscal Carlos Maldonado, apeló la decisión al sostener que el fallo era contradictorio. Argumentó que el desacato no requiere dolo, sino simplemente el incumplimiento de una orden válida, lo cual, según indicó, fue plenamente demostrado con pruebas documentales y testimoniales.
Leer la nota completa en El Nacional