Jugando con el tiempo, Donald Trump ha conseguido aplazar la mayoría de los juicios penales hasta después de las elecciones presidenciales, y ahora que ha sido declarado vencedor en las elecciones del martes, confía en que no tendrá que sentarse en el banquillo.
Un último obstáculo judicial le aguarda el 26 de noviembre en Nueva York, antes de su regreso oficial a la Casa Blanca el 20 de enero: la condena en el único de sus cuatro procesos penales que sus abogados no han logrado retrasar más allá de 2024.
Declarado culpable el 30 de mayo por el tribunal del estado de Nueva York de “falsificación contable agravada para ocultar una conspiración para pervertir las elecciones de 2016", en teoría podría enfrentarse a hasta cuatro años de cárcel.
Este caso involucra el pago de 130.000 dólares, disfrazado como honorarios legales, a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para ocultar una relación sexual en 2006, que Trump niega. Pero la posibilidad de que el juez Juan Merchan le imponga una pena de prisión parece ahora muy improbable, dadas las insuperables dificultades prácticas que supondría encarcelar a un presidente electo y luego en ejercicio, según los expertos.
En cuanto a los dos procesos federales que hay contra él, si bien el horizonte judicial de Trump se ha despejado espectacularmente, ahora parece completamente despejado al menos durante los cuatro años de su nuevo mandato. A finales de octubre, el candidato republicano aseguró que, de ser elegido, iba a “despedir” al fiscal especial encargado de estos dos casos, Jack Smith, nombrado por el fiscal general de la actual administración demócrata, Merrick Garland. “Le despediré en dos segundos”, dijo en una entrevista en respuesta a la pregunta de si se indultaría a sí mismo o haría despedir al...
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