En la apertura de la Asamblea, el Secretario Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Félix Álvarez de Benito, informó que siguiendo las recomendaciones formuladas por los coordinadores, se pusieron en marcha cuatro proyectos: En primer lugar, la lucha contra la corrupción, donde se llegó a un acuerdo para presentar un proyecto conjunto que pasó a llamarse “Lucha contra la corrupción, fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional de las estrategias para la recuperación de activos”. el Estatuto del Juez Iberoamericano, las 100 Reglas de Brasilia, el Código de ética, Normas mínimas de seguridad jurídica, la Red de Escuela Iberoamericana, el Instituto de Altos Estudios Judiciales, entre otros.
Asunción, IP.- La Secretaría Permanente y la Comisión de Coordinación y Seguimiento dieron a conocer sus respectivos informes acerca de temas abordados por los equipos de trabajo, durante las reuniones preparatorias desarrolladas durante los dos años previos a la Asamblea. De la actividad participan autoridades judiciales de Iberoamérica.
En la apertura de la Asamblea, el Secretario Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Félix Álvarez de Benito, informó que siguiendo las recomendaciones formuladas por los coordinadores, se pusieron en marcha cuatro proyectos: En primer lugar, la lucha contra la corrupción, donde se llegó a un acuerdo para presentar un proyecto conjunto que pasó a llamarse “Lucha contra la corrupción, fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional de las estrategias para la recuperación de activos”.
En tanto que el segundo plan se nombró “Una respuesta al desafío de la resolución justa y efectiva de las controversias” que reunía a su vez cuatro proyectos fusionados. Álvarez de Benito agregó que el tercer proyecto se denominó “Justicia y Lenguaje Claro por el derecho del ciudadano a comprender la Justicia”, que fue coordinado por España y Chile, e integrado por dichas naciones, además de Perú, Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, México y Paraguay.
El cuarto proyecto se llamó “Transparencia y seguridad jurídica para la legitimidad del juzgador”, que incluía los proyectos de seguridad jurídica, y de libertad de expresión y medios, además de acceso a la información pública, presentados por Paraguay, y el modelo de proceso comunicativo de la Administración de Justicia de Ecuador.
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