Después de un proceso de cuatro años, el caso que investiga la compra irregular de agua tónica para combatir al COVID-19 ha llegado a una sentencia definitiva. Patricia Samudio, expresidenta de Petropar, acusada por lesión de confianza, ha sido condenada a una pena de cuatro años de prisión.
El tribunal de sentencia argumentó que durante el juicio oral y público quedó plenamente probado que Samudio autorizó el pago de 350 millones de guaraníes a la empresa Solimedic para la compra de agua tónica y otros insumos. Sin embargo, tanto la compra como la venta fueron simuladas y fraudulentas.
Todo el proceso fue gestionado por el esposo de Samudio, José Costa Perdomo, quien recibió una pena de tres años de cárcel. A pesar de no ser funcionario de la empresa estatal, Costa hizo el acuerdo con la empresa, y una vez que Petropar transfirió el monto acordado, la empresa envió el dinero público a una cuenta para saldar la deuda de Costa, según lo determinaron los jueces.
La jueza Gloria Hermosa, presidenta del tribunal de sentencia, criticó duramente a los acusados, a quienes calificó como personas carentes de empatía y responsabilidad civil, mientras miles de compatriotas morían en los hospitales por falta de insumos.
«Este no es simplemente un caso más de corrupción pública. Obtuvieron un beneficio económico indebido aprovechándose de una crisis de salud pública. Se observó una falta de empatía y responsabilidad civil. La pandemia causó más de 19.600 muertes, personas que fallecieron por falta de insumos, mientras estos individuos, Patricia Samudio y José Costa, llevaban a cabo una operación fraudulenta en beneficio personal», explicó la magistrada.
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