Intervenciones y quiebres en el sistema cooperativo dejan al descubierto un sistema plagado de vicios administrativos. En solo dos años, se ha declarado la quiebra de al menos cuatro cooperativas, mientras otras 10 fueron intervenidas y esperan un plan de acción.
Entre los años 2015 y 2016, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) ordenó la intervención puntual en más de 10 entidades cooperativas y autorizó la liquidación de cinco de ellas por distintos hechos relacionados a su administración, que en muchos casos dejaron serios daños patrimoniales. Los inconvenientes que vienen arrastrando las entidades es fruto, en primer lugar, de las debilidades legales en el sector, como la falta de una ley que proteja los ahorros de los socios y que establezca criterios más técnicos para sus dirigentes.
Otro factor es el desinterés de los asociados para la defensa de su patrimonio, lo que se refleja en la baja participación de las asambleas (menos del 10%) en algunos casos.
Uno de los casos más llamativos fue el de Cooperalba de Canindeyú. El Incoop determinó que ya no era posible salvar a la entidad, puesto que el daño patrimonial era muy elevado (más de US$ 11 millones en pérdidas). Se indaga la venta irregular de patrimonios de la entidad cooperativa y un negociado por más de US$ 7 millones, donde están involucrados el presidente y gerente de la cooperativa.
Otra que entró en proceso de liquidación fue la Cooperativa General Artigas de la ciudad itapuense del mismo nombre; se detectaron malos manejos administrativos, adulteración de documentos y estafa por más G. 8.500 millones, dejando también varios acreedores afectados, entre ellos varios en el sistema financiero y cooperativo.
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