Paraguay enfrenta una de las crisis más graves en su sistema penitenciario: cárceles saturadas, personas privadas de libertad sin una condena firme y condiciones debilitadas para garantizar la dignidad humana. El lunes 13 de octubre de 2025, 46 jueces del Poder Judicial ingresaron a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para realizar un censo judicial de las personas recluidas —condenadas y procesadas—a fin de verificar su situación legal concreta. Los datos de instituciones públicas, medios de prensa y organizaciones no gubernamentales muestran que el problema trasciende Tacumbú: La capacidad recomendada para todo el sistema penitenciario, tomando como base los estándares mínimos, es de 4.310 reclusos. Construir espacios nuevos y firmar convenios son pasos necesarios, pero insuficientes si no van acompañados de una transformación del enfoque del sistema penal: priorizar la prevención, garantizar el debido proceso, aplicar alternativas viables a la prisión preventiva y humanizar el encierro.
Paraguay enfrenta una de las crisis más graves en su sistema penitenciario: cárceles saturadas, personas privadas de libertad sin una condena firme y condiciones debilitadas para garantizar la dignidad humana. Los recientes operativos de censo judicial en Tacumbú y los informes oficiales revelan una realidad preocupante que exige acciones urgentes.
El lunes 13 de octubre de 2025, 46 jueces del Poder Judicial ingresaron a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para realizar un censo judicial de las personas recluidas —condenadas y procesadas—a fin de verificar su situación legal concreta. Según el Ministerio de Justicia, el penal alberga actualmente 2.151 personas privadas de libertad.
La realidad es dramática: la capacidad oficial del penal es de 1.530 plazas, mientras que, según estándares del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), su límite ideal sería de apenas 480 plazas. En consecuencia, Tacumbú excede su capacidad en más del 100% (incluso según los criterios más exigentes), lo que deriva en hacinamiento severo.
Durante el censo, se evidenció otro síntoma de abandono institucional: muchos reclusos consumen sus alimentos en botellas de plástico o cartones reciclados, ante la falta de cubiertos. Por esa razón, los jueces aportaron más de 2.200 tuppers y vasos como gesto simbólico de humanización del encierro. La tarea de censar es, además, un paso indispensable para lograr la descongestión penitenciaria, redefinir el destino de internos y promover la revisión de casos rezagados.
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