La Contraloría sigue poniendo excusas para no hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de las más altas autoridades de la República. Ahora es la Corte Suprema de Justicia la que tiene la posibilidad de dar un corte definitivo a la situación y rechazar in limine la acción de inconstitucionalidad que planteó el ente.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deberá decidir si estudia o no la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República (CGR) contra las sentencias de primera y segunda instancias que obligan al ente contralor a hacer públicas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República de los últimos 20 años.
El ente presentó la acción luego de que el juez Rubén Riquelme y el Tribunal de Apelación Primera Sala de Asunción fallaran a favor del periodista Juan Carlos Lezcano, quien había accionado judicialmente ante las reiteradas negativas de la CGR a entregar la información que es pública.
La máxima instancia judicial debería rechazar in limine la acción planteada por los abogados de la Contraloría General, como ya hizo anteriormente en otros casos en los que instituciones públicas intentaron negar el acceso a la información pública.
Cuando el Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) planteó una acción de inconstitucionalidad contra decisiones de primera y segunda instancias que favorecieron al Consejo de la Magistratura, la Corte rechazó sin estudio alguno la acción señalando que “no se trata de una tercera instancia para el estudio de cuestiones suficientemente debatidas en las instancias inferiores”.
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