<p>La Corte Suprema de Justicia, a traves de la Direccion de Derechos Humanos y en el marco de las Cien Reglas de Brasilia, se adhiere a la conmemoracion del Dia Nacional de las Personas Adultas Mayores, celebrado cada 29 de abril conforme a lo establecido por la Ley Nº 4.792/12. Esta fecha representa una oportunidad para reconocer el rol fundamental que desempenan las personas mayores en nuestra sociedad, asi como para reafirmar el compromiso institucional con la proteccion y promocion de sus derechos.</p>
La Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección de Derechos Humanos y en el marco de las Cien Reglas de Brasilia, se adhiere a la conmemoración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, celebrado cada 29 de abril conforme a lo establecido por la Ley Nº 4.792/12. Esta fecha representa una oportunidad para reconocer el rol fundamental que desempeñan las personas mayores en nuestra sociedad, así como para reafirmar el compromiso institucional con la protección y promoción de sus derechos.
En concordancia con este compromiso, el Poder Judicial impulsa acciones orientadas a visibilizar las necesidades específicas de este sector de la población, sensibilizando a los operadores de justicia sobre las barreras que enfrentan las personas mayores y promoviendo medidas que garanticen un acceso igualitario a la justicia.
De acuerdo con la Ley Nº 1885/2002, y siguiendo los lineamientos de organismos internacionales como la ONU y la OEA, en Paraguay se considera personas adultas mayores a quienes tienen 60 años o más. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, mediante la Acordada Nº 1024/15, ha establecido directrices específicas para asegurar un trato adecuado y respetuoso hacia las personas mayores y aquellas con discapacidad, en cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En este contexto, desde la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia se ha impulsado la campaña institucional “: Respuestas sensibles y eficientes a la gente”, con el propósito de promover un trato digno, inclusivo y adecuado a todos los usuarios del sistema de justicia, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad, como las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.
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