La Corte envió al Senado un dictamen en el que se opone al proyecto de ley que amplía las funciones de los juzgados de paz. Alega, entre otras cosas, que hay varias contradicciones y que atenta contra normas internacionales.
El 29 de mayo pasado, el presidente de la Corte, Raúl Torres Kirmser, remitió al senador Fernando Silva, en su carácter de titular de la Comisión de Legislación de la Cámara Alta, el dictamen de la máxima instancia judicial, aprobado por el pleno.
El documento refiere que es preocupante que la modificación legislativa que se plantea no haya sido precedida de un diagnóstico adecuado y sobre bases científicas, de como se están llevando actualmente las competencias que ya tiene ahora la Judicatura de Paz, en términos de eficiencia y eficacia del servicio a las personas usuarias, diferenciado por regiones y por áreas rurales y urbanas.
“Esto sería imprescindible para poder tomar cualquier determinación relativa a un sensible aumento de sus competencias actuales, como es el caso del proyecto de ley que se propone, porque de lo contrario se estaría cargando inadecuadamente a un estamento de la judicatura nacional, como son los Juzgados de Paz, en serio detrimento de sus posibilidades reales (materiales y estructurales) de satisfacer el servicio de justicia a las personas que harán uso de el”, enfatizó la Corte Suprema.
Refiere que en la actualidad los juzgados de paz de la capital y otros centros urbanos densamente poblados ya afrontan una enorme carga laboral, con no menos de 12.000 a 18.000 casos por año, en promedio. “Esta cantidad de casos ya hace difícil, a hoy, atender debidamente todos los litigios y cumplir con los plazos procesales. La nueva ley solo agravará esta circunstancia”, enfatiza.
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