La Corte atentó contra el artículo 104 de la Constitución al dejar sin efecto la ley que obliga a los ministros, jueces y funcionarios a presentar su declaración jurada de bienes ante la Contraloría. Anoche, los ministros, mediante una aclaratoria, y tras publicaciones y críticas, levantaron la suspensión de la obligación de informar sobre bienes.
Con una llamativa celeridad, los ministros Miryam Peña, Gladys Bareiro y Antonio Fretes firmaron resolución por la cual se beneficiaron ellos, sus demás colegas, jueces y funcionarios del Poder Judicial.
El 7 de febrero pasado, la asesora jurídica de la Corte, Mirta Morínigo, presentó la acción contra varios artículos de la ley que reglamenta la declaración jurada de bienes. El 9 de febrero los ministros ya admitieron la acción y suspendieron los efectos de la disposición atacada. Además, ese mismo día, la doctora Peña, en su carácter de presidenta de la Sala Constitucional, ya comunicó a la Contraloría.
Según se desprende de la parte resolutiva del Auto Interlocutorio número 6 del 9 de febrero pasado, la Corte suspendió, entre otros los efectos de los artículos 1° y 2° de la Ley 5033, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución, respecto a la declaración jurada.
El artículo 1° define quiénes son funcionarios públicos y el 2°, entre los que están incluidos los ministros, jueces, etc., dice que están obligados a declarar sus bienes ante la Contraloría.
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