Partiendo del mismo José María Ibáñez, el primero de los objetivos de la ciudadanía movilizada, quien se consideraba víctima de una persecusión mediática por parte de algunos medios de comunicación y luego pasando por el poderoso Óscar González Daher, todas las autoridades cuestionadas hasta el momento, tuvieron el mismo argumento.
Cuando el pueblo de Ciudad del Este se movilizó, tanto el Senador Javier Zacarías Irun, como su esposa, la entonces intendenta Sandra Mcleod, se presentaron como perseguidos políticos. Incluso, en un momento Zacarías Irun amenazó con denunciar al Presidente de la República por una supuesta persecusión.
Actualmente, los cuestionados intendentes municipales de San Lorenzo y Concepción, Albino Ferrer y Alejandro Tati Urbieta, que tiénen un “chorizo” de denuncias en su contra, están utilizando igual argumento, como si hubiesen aprendido un mismo libreto.
Por otro lado, todos los políticos escrachados hasta ahora, han recurrido al concurso de los violentos hurreros alquilados, para tratar de disolver las movilizaciones ciudadanas.
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