Estamos pagando un precio demasiado alto por hacer lo mismo. En materia educativa, si se desea una de calidad consecuente con la dinámica propia de un mundo cada vez más competitivo, se requiere cambiar el eje del debate. Allí donde todos tienen puestos su objetivo como ejecutor eficiente es en realidad el menos eficiente y el menos indicado.
El Ministerio de Educación es el problema. Su propia naturaleza estatal torna difícil, por no decir imposible, llevar a cabo la tarea educativa. La estructura jurídica y financiera, sumada a la pedagogía, conlleva al fracaso de todo el sistema.
En efecto, el Estado involucrado de modo directo –como sin duda hoy se tiene en nuestro país– a lo que se suman las mallas curriculares así como de la consecuente evaluación periódica del mismo, terminan por ser arrastrados hacia una burocracia que se mueve por incentivos que no son precisamente los de la calidad.
Ocurre que la naturaleza estatal conlleva necesariamente a que el funcionamiento de sus respectivos órganos de gestión requieran de la burocracia. Y la burocracia implica necesariamente una serie de comportamientos establecidos de carácter engorroso, donde el trámite por lo general largo y tedioso es su movilidad. Esto discurre, en primer lugar, en sus normativas y, en segundo lugar, en la ejecución procedimental de las mismas.
Si nos detenemos en las normativas vamos a notar que las mismas son dependientes de una estructura legal superior establecida en la Constitución y sus leyes respectivas. Solo desde aquí notaremos que la influencia conferida al Estado es de una categoría superior por cuanto que la educación llamada estatal debe contar con una estructura centralizada burocrática.
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